miércoles, 22 de abril de 2009

Ley de protección a la mujer: buena noticia. El derecho al aborto: equivocada interpretación.

Si un usuario de Internet coloca en el buscador Google "Boca-River", se arrojarán de inmediato 5.370.000 resultados disponibles. Ahora bien, si del mismo modo se realiza la búsqueda de "Ley 26.485" , el buscador arroja 2.200...
Más allá de las pasiones que despierta el fútbol en comparación con el tiempo que lleva la noticia sobre la sanción de esta última norma, lo cierto es que ante el dato objetivo, ciertamente parece haber una notable desproporción entre la prioridad de valores que se debieran informar y lo que como sociedad consideramos relevante conocer, publicar y difundir. Digo esto porque debiera tener repercusión la noticia de la sanción y promulgación de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales Nº 26.485 (publicada en B.O. el 14/04/09)
Un avance importante, por lo menos desde los textos legales, en la lucha del Estado y de todos los componentes sociales ante este flagelo que no discrimina estratos sociales y conlleva penosos episodios de ataques y agresiones que muchas veces son callados y sufridos por las víctimas en silencio, o incluso denunciados, lamentablemente sin el eco y acciones concretas que harían falta de parte de los responsables. Esta ley involucra y responsabiliza no sólo al agresor sino a los responsables "por omisión" , es decir, del entorno familiar, escolar, laboral y social a quienes se les exige poner en conocimiento de las autoridades la existencia o comisión de alguno de los hechos descriptos y protegidos por la norma.

Características de la ley
La ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que entró a regir el martes 14 con su publicación en el Boletín Oficial, supone un contundente "adiós al machismo", siempre que el texto no caiga en letra muerta y sea realmente aplicado.
La nueva ley pone punto final a la violencia contra las mujeres, en cualquier ámbito del país en que estas desarrollen sus relaciones interpersonales, puesto que su aplicación es de orden público y rige para todo el territorio de la República.
Una de las novedades que introduce es que la denuncia penal por violencia contra la mujer "será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud", y tanto "en el ámbito público como en el privado", aún cuando el hecho no configure delito.
Esto significa que quien trabaje en tales servicios y haya tenido conocimiento del padecimiento de una niña o mujer violentada, psíquica, física, económicamente o patrimonialmente, será pasible de sanciones judiciales si no lo denuncia.
En tal sentido, una maestra que observe que su alumna evidencia rastros de golpiza o menoscabo, estará obligada por ley a hacer la denuncia judicial, lo que hasta el momento sólo le estaba reservada a su conciencia; igualmente, un médico, enfermera o asistente social, no importa dónde se desempeñe.
Algo similar ocurre en el ámbito policial, donde es tradición que la mujer golpeada encuentre dificultades para radicar su denuncia y sólo se le acepte una "exposición" de los hechos.
El artículo 23 de la nueva ley especifica que "en el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro horas", lo que en el texto es puesto en mayúsculas, para evitar que tal dato sea pasado por alto.
Otra novedad es que la mujer violentada tendrá derecho, según el artículo 16, "a la gratuidad de las actuaciones judiciales y al patrocinio jurídico preferentemente especializado".
También, a "ser oída personalmente por el juez", a "recibir protección judicial urgente y preventiva" y a "contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos e irregularidades".
El artículo 20 establece que "el procedimiento será gratuito y sumarísimo" y el 21, que "la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/a de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita", con resguardo de identidad del denunciante.
El artículo 26 detalla entre las medidas preventivas urgentes que el/a magistrado/a puede tomar de oficio o a petición de parte, el "ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia".
Asimismo, prohibe "al presunto agresor la compra y tenencia de armas" (aplicable incluso a policías denunciados) o "enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales".
En orden a este artículo, otra novedad es que el/a juez/a podrá "ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de las misma" y "decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor".
Además, en caso de haber hijos, "se fijará una cuota alimentaria provisoria"; se podrá "ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas"; y se le otorgará a la mujer violentada el "uso exclusivo del mobiliario de la casa".
El artículo 28 determina que el/a juez/a interviniente "fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de 48 horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se tomara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia", quedando además expresamente "prohibidas las audiencias de mediación o conciliación".
La mujer podrá, según el artículo 35, "reclamar la reparación civil por daños y perjuicios"; y de acuerdo al 36, recibir obligatoriamente por parte de funcionarios policiales, judiciales o sanitarios, información sobre "cómo y dónde concurrir para ser asistida en el proceso" y "cómo preservar las evidencias."
La ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer ya está en vigencia en la Argentina y es un avance formidable contra el machismo. (fuente : Télam)

¿Se entiende que la ley habilita el derecho al aborto?
Ante esta polémica que pareciera abrirse y que surgiría de las intenciones de la ley que aquí reseñamos, hay que decir que dichas intenciones caen fulminadas desde su origen, y constituyen una errónea lectura y forzada interpretación.
Muy buena y a la vez contundente es la opinión de Néstor Pedro Sagües, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA y UCA, que aquí transcribo y debiera despejar las dudas que no debieran desviarnos del horizonte e intención que tuvo la norma al ser ideada.
Dice el Dr. Sagüés: La reciente sanción, por la Cámara de Diputados, de la ley 26.485, de protección integral, de prevención y castigo a la violencia contra la mujer puede significar, si es real y correctamente aplicada, una herramienta muy positiva para la vigencia del Estado de Derecho (en particular, en su versión de Estado de garantías). Puede contribuir, adicionalmente, a concluir con siglos de agresión y brutalidad. Esos propósitos gozan, por cierto, de intrínseca legitimidad.

Sin embargo, el noble fin de la flamante ley puede verse empañado por una desacertada interpretación que pretende hacerse -afortunadamente por pocos- a determinados preceptos suyos. En concreto, respecto del artículo 3 inciso e, que declara como derecho de la mujer "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable".

Conforme indica LA NACION el 12 de marzo (páginas 1 y 13), en ciertos ámbitos dicho texto implicaría el derecho de la mujer a realizar, conforme su libre decisión, concluyente al respecto, abortos. El problema ya habría emergido durante el debate parlamentario.

Tal lectura de la ley es profundamente desacertada, y por dos motivos.

a) En primer lugar, la ley 26.485 en el mencionado artículo 3 inciso e, como en el 6º inciso d, se remite, como vimos, a la ley 25.673, que habla de "prevenir embarazos no deseados" y alude a métodos anticonceptivos "no abortivos" (artículos 2º inciso c y 6º inciso b). La norma no sólo no contempla, sino que excluye, a las técnicas abortivas.

b) En segundo término, cabe alertar que la interpretación que aquí se critica es abiertamente inconstitucional. Las leyes no pueden interpretarse aisladamente, como si fueran islas normativas autónomas. Al ser jurídicamente inferiores a la Constitución, deben entenderse conforme a ella, de acuerdo con ella y no contra ella. Es la doctrina llamada de la interpretación de las normas "conforme" a la Constitución, y que se encuentra vigente, ya por derecho escrito, ya por costumbre consolidada, en cualquier tribunal del mundo. También se la denomina "interpretación constitucional", o "interpretación armonizante" de las leyes con la Constitución.

Por supuesto, tal doctrina ha sido reiteradamente aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Es una regla práctica y lógica a la vez: si una ley permite dos o tres interpretaciones, su operador (juez, ministro, funcionario público, fiscal, etc.), debe preferir aquella que coincida con la Constitución y no la que se le oponga.

Las interpretaciones anticonstitucionales de las leyes comunes deben ir al cesto de los desechos del derecho constitucional.

La tesis que indicamos provoca otra consecuencia: es necesario que los operadores de las leyes, en la medida de lo posible, las modelen y adapten a la Constitución. Vale decir, que las hagan funcionar en consonancia con las cláusulas y el techo ideológico de la Constitución.

En el caso argentino, hay al menos tres normas específicas, de nivel constitucional, que tutelan a la persona por nacer, tal vez el ser más vulnerable y, por ende, el más digno y necesitado de custodia. En la terminología constitucional argentina, es "niño", protegido expresamente desde el embarazo: artículo 75 inciso 23 de la Constitución; o desde la concepción: reserva argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989).

Además, la vida humana es amparada, en general, desde el momento de la concepción (artículo 4º, Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional según el artículo 75 inciso 22 de la Ley Suprema, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño).

Resumiendo: el nuevo texto legal debe leerse en correspondencia con la ley 25.673 y, más todavía, con las prescripciones constitucionales que le son superiores. Por ello, la determinación del número y oportunidad de los embarazos es un derecho cuyo ejercicio, siempre responsable, no puede implicar que quien lo tenga esté autorizado a disponer, a su absoluto arbitrio y total discrecionalidad, de la vida del ser engendrado. Los derechos reproductivos de la mujer y del hombre tienen, como regla, el tope del derecho a la vida del sujeto por nacer.

En definitiva, cabe tener presente algo importante pero, paradójicamente, no siempre recordado: que la persona por nacer también tiene derechos humanos, empezando por el de su vida. (Fuente: La Nación - "Ley de Protección de la Mujer " - 04/04/09)

- Ver texto completo de la "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" Nº 26.485: CLICK AQUI

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